Personas que ejercen el oficio más antiguo en el mundo exigen el reconocimiento a derechos laborales

Las trabajadoras sexuales de Ecuador celebraron, este jueves 15 de diciembre del 2022, el Primer Congreso contra la violencia a ese sector que busca, entre otras cosas, crear herramientas que permitan el reconocimiento de sus derechos laborales y poner fin a una historia de discriminación y agresiones. Dicho encuentro, en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, se celebró en un auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Quito.

David González, presidente de la Plataforma Latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual (Plaperts), destacó a Efe la apertura de espacios de la Academia, como la Flacso, para que se conozca y analice la situación de este sector. Y aunque no se tiene una cifra, las organizaciones del sector calculan que unas 900.000 personas (mujeres, hombres y transexuales) ejercen en el país el trabajo sexual en diferentes modalidades: en situación de calle, en los llamados espacios de tolerancia, por redes sociales o a domicilio.

El I Congreso sobre violencia en el trabajo sexual busca abrir un debate para "visibilizar" a este segmento de la población que ha sido históricamente discriminado, aseguró González. "Estamos buscando el acceso a la seguridad social" y "plenas garantías laborales" para las personas que ejercen este trabajo, añadió al precisar que el encuentro permitirá elaborar herramientas para hacer un cabildeo ante el Gobierno, la Asamblea Nacional (Parlamento) y los municipios.

Estigmatización

Según González, pese a los avances que el trabajo sexual ha obtenido en los últimos años en el país, este sigue siendo "estigmatizado, criminalizado", sobre todo las personas pobres que lo ejercen, aunque también hay fuertes dosis de misoginia y machismo. También las fuerzas del orden ejercen la violencia contra las trabajadoras sexuales y por ello se requiere que la normativa acoja a este tipo de actividad, añadió. Se busca que "se respeten los derechos, el acceso al espacio, al libre tránsito, a la libertad estética y sexual y el derecho al trabajo", concluyó. De su lado, Nelly Hernández, presidenta del sindicato de Trabajadoras sexuales del centro de Quito, remarcó que el objetivo principal del sector es que se reconozca la actividad en el Ministerio de Trabajo. Y es que, según ella, la violencia que muchas veces se ha expresado contra este colectivo, tiene su base en la ausencia de garantías laborales. Las autoridades, a veces, cometen atropellos, clausuran hoteles y muchas trabajadoras son víctimas de chantajes y extorsiones, añadió Hernández. "Muchas veces nuestros hijos no saben que ejercemos el trabajo sexual y entonces las autoridades nos chantajean" con avisarles, relató. Por ello, este sector quiere "proponer la iniciativa en la Asamblea Nacional para que se reconozca como un sector laboral", agregó Hernández cuyo sindicato acoge a unas 1.500 personas que ejercen la actividad en las calles del centro de Quito, así como a través de redes sociales.

Fuente: ECUAVISA

¿Cual es la posición de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual?

Amnistía Internacional aborda este tema desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos, ofreciendo un marco para proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales frente a las violaciones y los abusos. El objetivo de la organización es conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y pone el peso en la responsabilidad de los Estados en cuanto a su obligación de poner en marcha medidas que garanticen esa protección frente a la violencia y la injusticia.

Una de estas medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso. Amnistía pide a los Estados que eliminen la regulación penal y toda otra regulación punitiva del trabajo sexual consentido entre personas adultas, dado que está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia. Además, los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio.

Pero Amnistía también pide a los Estadosmedidas para eliminar la discriminación, las desigualdades estructurales y los estereotipos de género. Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual. Sin embargo, la criminalización no es la respuesta a este problema. Los Estados tienen el deber de garantizar que nadie vive en condiciones de privación extrema y deben hacer efectivo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida alimentación, vestido y vivienda adecuados. Asimismo, deben adoptar medidas para luchar contra la discriminación de las mujeres en el trabajo, ya que muchas de las formas alternativas de trabajo disponibles para las mujeres que se dedican o están considerando la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual implican condiciones de trabajo muy precarias y están mal pagados, por lo que el trabajo sexual puede resultar preferible para algunas personas a la hora de conseguir ingresos esenciales.

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